Muchas personas extranjeras que han trabajado en España de forma irregular desconocen que existe una vía de regularización específica para su situación: el arraigo laboral España. A diferencia del arraigo social, esta figura no exige dos años de permanencia continuada acreditada por múltiples medios, sino la prueba de una relación laboral previa, lo que la convierte en una alternativa más rápida cuando se dispone de pruebas sólidas de haber trabajado en nuestro país. En este artículo explicamos qué se exige y cómo demostrarlo ante la Oficina de Extranjería.
Qué es el arraigo laboral y su base legal
El arraigo laboral se regula, junto con el resto de modalidades de arraigo, en el artículo 124 del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000. Permite obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales a las personas extranjeras que acrediten haber mantenido una relación laboral en España, aunque esta se hubiera desarrollado sin la correspondiente autorización de trabajo, siempre que dicha relación tenga una duración mínima determinada por la norma.
Requisitos generales del arraigo laboral
Para acceder a esta vía de regularización es necesario cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Permanencia en España: encontrarse en territorio español, con carácter general, sin que se exija un periodo tan prolongado como en el arraigo social, aunque debe existir constancia de presencia en el momento de trabajar.
- Relación laboral acreditada: demostrar la existencia de una relación laboral de una duración mínima, que la normativa fija en seis meses en el último periodo de dos años, mediante resolución judicial que la reconozca o mediante resolución administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que confirme la existencia de dicha relación.
- Carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia previa durante los últimos cinco años.
- No tener prohibida la entrada en España ni encontrarse en periodo de compromiso de no retorno.
Cómo se acredita la relación laboral: el papel de la Inspección de Trabajo
El requisito más determinante del arraigo laboral es, sin duda, la acreditación de la relación laboral. La vía más habitual consiste en presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta en la Seguridad Social o por incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador, solicitando expresamente que se dicte una resolución (acta de infracción o de liquidación) que reconozca la existencia de la relación laboral y su duración. Esta resolución administrativa es, por sí sola, prueba suficiente para iniciar el expediente de arraigo laboral, sin necesidad de acudir previamente a la vía judicial.
Alternativamente, también es posible acreditar la relación laboral mediante sentencia firme dictada por un juzgado de lo social, en el marco de una demanda por despido, reclamación de cantidad o reconocimiento de derechos derivados de la relación laboral no reconocida formalmente por el empleador.
Otras pruebas que refuerzan el expediente
Aunque la resolución de la Inspección de Trabajo o la sentencia judicial son las pruebas determinantes, conviene aportar documentación adicional que refuerce la credibilidad del relato y facilite la instrucción del expediente:
- Correos electrónicos, mensajes o comunicaciones con el empleador relativos a horarios, tareas o condiciones de trabajo.
- Movimientos bancarios que reflejen el cobro periódico de cantidades compatibles con un salario.
- Testimonios de compañeros de trabajo o de terceros que puedan corroborar la relación laboral.
- Fotografías, uniformes, herramientas de trabajo o cualquier otro elemento que acredite la actividad desarrollada.
Diferencias clave respecto al arraigo social
A diferencia del arraigo social, que exige acreditar dos años de permanencia continuada mediante múltiples medios de prueba y, habitualmente, un contrato de trabajo futuro con una duración mínima de un año, el arraigo laboral pone el foco en el pasado: se trata de demostrar que ya se ha trabajado en España, no que se va a trabajar en el futuro. Esto lo convierte en una vía especialmente útil para personas que han sido víctimas de explotación laboral o de contratación irregular y desean, además de regularizar su situación, hacer valer sus derechos laborales frente al empleador incumplidor.
Procedimiento y plazo de resolución
Una vez reunida la documentación, la solicitud se presenta mediante el formulario EX-10 ante la Oficina de Extranjería de la provincia donde resida el solicitante, acompañada de la tasa correspondiente (modelo 790, código 052), el pasaporte en vigor y el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado. La Administración dispone de un plazo de tres meses para resolver, transcurrido el cual sin respuesta expresa se entiende desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales con vigencia de un año, habilitando de forma inmediata para trabajar por cuenta ajena o, en determinados supuestos, por cuenta propia.
Riesgos y precauciones al iniciar el procedimiento ante Inspección de Trabajo
Iniciar un procedimiento ante la Inspección de Trabajo para acreditar una relación laboral irregular puede generar tensión con el empleador, e incluso derivar en el cese de la relación laboral antes de que concluya la investigación. Por ello, es fundamental planificar bien el momento y la forma de presentar la denuncia, recopilando previamente el máximo de pruebas posible y valorando, con el asesoramiento adecuado, las implicaciones laborales y fiscales que puede tener el reconocimiento de la relación, incluida la eventual regularización de cotizaciones no ingresadas. Contar con asesoramiento fiscal para personas físicas especializado en estos procedimientos ayuda a coordinar correctamente la vía laboral con la tramitación del expediente de extranjería.
Compatibilidad del arraigo laboral con la reclamación de derechos frente al empleador
Una de las ventajas menos conocidas del arraigo laboral es que su tramitación puede compatibilizarse con la reclamación de los derechos laborales y de Seguridad Social derivados de la relación irregular. Además de reconocer la existencia de la relación laboral a efectos del expediente de extranjería, la resolución de la Inspección de Trabajo o la sentencia judicial pueden dar lugar a que la Tesorería General de la Seguridad Social exija al empleador el pago de las cotizaciones no ingresadas durante el periodo trabajado, lo que además puede beneficiar al trabajador de cara a su futura vida laboral en España, al quedar reconocido ese periodo a efectos de prestaciones. Del mismo modo, si el empleador adeudaba salarios o no abonó las cantidades correspondientes a pagas extra, vacaciones no disfrutadas o horas extraordinarias, el trabajador puede reclamarlas de forma independiente ante la jurisdicción social, dentro de los plazos de prescripción aplicables (con carácter general, un año desde que la acción pudo ejercitarse).
Qué ocurre si la Oficina de Extranjería deniega la solicitud
Si la solicitud de arraigo laboral es denegada, existe la posibilidad de interponer recurso de reposición ante la propia Oficina de Extranjería en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución. En muchos casos, la denegación se debe a una insuficiente acreditación de la duración mínima de la relación laboral o a defectos formales en la documentación aportada, por lo que conviene analizar detenidamente los motivos de la denegación antes de decidir la vía de recurso más adecuada, ya que en ocasiones es preferible presentar una nueva solicitud subsanando las deficiencias detectadas que agotar la vía de recurso.
Es recomendable, en cualquier caso, actuar con rapidez tras recibir una resolución desfavorable, ya que los plazos de recurso son breves y su cómputo comienza a correr desde el día siguiente a la notificación, sin posibilidad de ampliación salvo causas tasadas legalmente.
Conclusión
El arraigo laboral es una herramienta valiosa para regularizar la situación de personas que han trabajado en España sin la debida autorización, pero exige una estrategia probatoria sólida centrada en acreditar la relación laboral ante la Inspección de Trabajo o los tribunales. Un expediente bien preparado aumenta notablemente las probabilidades de éxito. En TorreonLegal acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde la recopilación de pruebas hasta la presentación de la solicitud y su seguimiento ante la Administración. Contacta con nosotros si necesitas valorar tu situación.