Cuando un autónomo o una empresa no puede hacer frente al pago de una deuda tributaria en el plazo establecido, el aplazamiento deudas Hacienda es uno de los mecanismos legales más utilizados para evitar el inicio de la vía de apremio y sus recargos asociados. Regulado en el artículo 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y desarrollado por los artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, este mecanismo permite solicitar el pago diferido o fraccionado de la deuda, siempre que se acredite la existencia de dificultades económico-financieras transitorias.
Qué deudas se pueden aplazar y cuáles no
Como regla general, pueden aplazarse o fraccionarse todas las deudas tributarias en periodo voluntario o ejecutivo, con importantes excepciones que conviene conocer:
- Las deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
- Las retenciones e ingresos a cuenta, salvo que se acredite que carecen de recursos económicos suficientes, requisito que la Administración interpreta de forma restrictiva.
- Las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el retenedor u obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo la misma excepción anterior.
- En caso de concurso del obligado tributario, las deudas que tengan la consideración de créditos contra la masa.
Desde 2017, además, se eliminó con carácter general la posibilidad de aplazar deudas inferiores a determinados umbrales cuando el deudor ya hubiera incumplido aplazamientos anteriores, endureciendo el criterio para deudores reincidentes.
Requisitos y garantías exigidas
Para deudas de escasa cuantía, actualmente fijadas en 50.000 euros a nivel agregado, no se exige aportar garantía, bastando con la solicitud y una breve justificación de las dificultades de tesorería. Para deudas superiores a ese umbral, el artículo 82 LGT exige, con carácter general, la constitución de garantía suficiente, habitualmente mediante:
- Aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.
- Certificado de seguro de caución.
- Hipoteca, prenda u otra garantía real, cuando se justifique que no es posible obtener aval bancario.
La Administración puede dispensar total o parcialmente de la obligación de aportar garantía cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.
Procedimiento de solicitud
La solicitud debe presentarse por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la AEAT, dentro de los siguientes plazos:
- Si la deuda está en periodo voluntario, en cualquier momento anterior al vencimiento de dicho plazo.
- Si la deuda ya está en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
La solicitud debe incluir, entre otros extremos, la identificación de la deuda, las causas que motivan la dificultad de pago, el plazo y las condiciones del aplazamiento pretendido, y la garantía que se ofrece o, en su caso, la solicitud motivada de dispensa. La Administración dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver; transcurrido este plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo negativo, lo que obliga a estar muy atento a los plazos para no perder la posibilidad de recurrir.
Intereses de demora y consecuencias del incumplimiento
El importe aplazado devenga intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo voluntario hasta la fecha del pago efectivo, calculados al tipo de interés legal vigente incrementado conforme establezca cada Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si el deudor incumple el pago de alguna de las fracciones concedidas, se produce el vencimiento anticipado de las fracciones pendientes, se inicia o continúa el procedimiento de apremio sobre la totalidad de la deuda no pagada, y se ejecuta, en su caso, la garantía aportada.
Alternativas y complemento al aplazamiento
El aplazamiento no siempre es la única ni la mejor herramienta disponible. En determinados supuestos, especialmente cuando la deuda deriva de una regularización practicada por la Administración, puede resultar más eficaz combinar la solicitud de aplazamiento con la impugnación de la liquidación de origen, si existen argumentos para cuestionarla. También conviene valorar, en procedimientos de comprobación o inspección en curso, la posibilidad de negociar actas con acuerdo que ya incorporen condiciones de pago más favorables. Por ello, cuando la deuda tributaria trae causa de un procedimiento de comprobación o inspección, es recomendable contar con asesoramiento especializado en defensa ante inspección de la AEAT desde las fases iniciales, de modo que la estrategia de aplazamiento se diseñe de forma coordinada con la eventual impugnación de la deuda.
Recomendaciones prácticas antes de solicitar el aplazamiento
Antes de presentar la solicitud conviene elaborar un plan de tesorería realista que permita ofrecer un calendario de pagos sostenible, reunir la documentación que acredite las dificultades económicas —extractos bancarios, informes de morosidad, pérdidas de ejercicios anteriores— y valorar si conviene solicitar el aplazamiento de la totalidad de la deuda o combinarlo con un pago parcial inmediato que reduzca los intereses de demora acumulados. Una solicitud bien fundamentada y documentada incrementa notablemente las probabilidades de que la AEAT conceda condiciones favorables sin exigir garantías desproporcionadas.
Diferencia entre aplazamiento y fraccionamiento
Aunque en el lenguaje habitual se utilizan como sinónimos, conviene distinguir el aplazamiento del fraccionamiento a efectos prácticos. El aplazamiento consiste en diferir el pago íntegro de la deuda a una fecha futura determinada, mientras que el fraccionamiento divide el importe total en varios plazos sucesivos con vencimientos periódicos, generalmente mensuales. En la práctica, la AEAT admite y resuelve conjuntamente ambas figuras a través del mismo procedimiento, y el propio solicitante puede proponer en su petición el número de plazos, la periodicidad y, en determinados supuestos, un periodo de carencia inicial antes del primer vencimiento, lo que permite diseñar un calendario de pagos adaptado al flujo de caja real de la empresa o el autónomo solicitante.
Aplazamientos especiales para autónomos y pymes en dificultades
En determinados contextos de crisis económica generalizada, la Administración ha aprobado condiciones especiales de aplazamiento con plazos ampliados o exención parcial de intereses para autónomos y pymes de sectores especialmente afectados, tal y como ocurrió durante la pandemia con el Real Decreto-ley 7/2020. Aunque estas medidas excepcionales no están vigentes de forma permanente, conviene que autónomos y pequeñas empresas revisen periódicamente si existen líneas de aplazamiento especial vinculadas a su sector de actividad o a su ubicación geográfica, ya que las condiciones pueden ser sensiblemente más favorables que las del régimen general del artículo 65 LGT.
Compensación de deudas como alternativa al aplazamiento
En determinados supuestos, en lugar de aplazar la deuda, puede resultar más eficiente solicitar su compensación con créditos que el propio contribuyente ostente frente a la Hacienda Pública, conforme regulan los artículos 71 a 76 LGT, ya sea mediante compensación a instancia del obligado tributario o de oficio por parte de la Administración. Esta vía resulta especialmente útil para empresas que, al mismo tiempo que mantienen deudas tributarias pendientes, son acreedoras de la AEAT por devoluciones de IVA o de otros impuestos aún no abonadas, permitiendo cancelar ambas posiciones sin necesidad de movimiento efectivo de tesorería ni de constituir garantías adicionales.
Modificación de aplazamientos ya concedidos
Cuando cambian sobrevenidamente las circunstancias económicas del deudor durante la vigencia de un aplazamiento ya concedido, es posible solicitar su modificación, replanteando el calendario de pagos o las garantías inicialmente aportadas, siempre antes de que se produzca el incumplimiento que active el vencimiento anticipado. Anticiparse a la dificultad de pago solicitando esta modificación resulta siempre preferible a esperar al impago efectivo de una fracción.
Conclusión
El aplazamiento y fraccionamiento de deudas con Hacienda es una herramienta legal eficaz para gestionar tensiones de tesorería puntuales sin entrar en vía de apremio, pero su correcta gestión exige conocer con precisión los requisitos, plazos y garantías exigidas por la normativa tributaria. En TorreonLegal ayudamos a autónomos y empresas a preparar y negociar solicitudes de aplazamiento sólidas, así como a coordinar esta estrategia con la defensa frente a procedimientos de inspección cuando resulta necesario. Contacta con nuestro despacho para valorar la mejor solución ante tu deuda tributaria.