Tener una página web o una tienda online implica mucho más que diseñar un buen catálogo de productos: obliga a cumplir la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, además del RGPD y la normativa de consumo. Incumplir estas obligaciones puede acarrear sanciones de hasta 600.000 euros en los casos más graves, por lo que conocer con precisión qué exige la ley resulta imprescindible para cualquier negocio digital.
Qué es la LSSI y a quién se aplica
La Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), traspone al ordenamiento español la Directiva europea sobre comercio electrónico. Se aplica a cualquier persona física o jurídica que preste servicios a través de internet con contraprestación económica, directa o indirecta —incluida la publicidad—, lo que abarca desde tiendas online hasta blogs profesionales que se financian con anuncios o afiliación.
Por qué la LSSI afecta a más negocios de los que parece
Muchos emprendedores creen erróneamente que la LSSI solo afecta a grandes tiendas online, cuando en realidad su ámbito de aplicación es mucho más amplio. Un blog profesional que incluye enlaces de afiliación, un autónomo que ofrece sus servicios a través de una landing page con formulario de contacto, o una academia online que vende cursos digitales están todos ellos sujetos a esta normativa, en la medida en que prestan un servicio de la sociedad de la información con ánimo de lucro, aunque sea indirecto. La confusión habitual entre «tener una web informativa» y «prestar un servicio de la sociedad de la información» es precisamente el origen de buena parte de los incumplimientos que después detectan la Inspección de Consumo o la AEPD.
Información obligatoria en el sitio web (deber de información general)
El artículo 10 de la LSSI obliga a incluir de forma permanente, fácil, directa y gratuita en la web determinados datos identificativos del titular:
- Nombre o denominación social, NIF y domicilio.
- Dirección de correo electrónico y otros datos de contacto que permitan una comunicación directa y efectiva.
- Si la actividad está sujeta a un régimen de autorización administrativa, los datos de dicha autorización.
- Si el prestador ejerce una profesión regulada, el colegio profesional al que pertenece y su número de colegiado.
- Número de inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.
Esta información suele plasmarse en el «Aviso Legal», una página independiente y accesible desde cualquier sección del sitio web.
El aviso legal frente a las condiciones generales
Conviene no confundir el aviso legal, de contenido tasado por la LSSI, con las condiciones generales de uso o de contratación, que regulan la relación contractual con el usuario y cuyo contenido es más flexible, aunque debe respetar en todo caso los límites de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios cuando el destinatario sea un consumidor. Ambos documentos son complementarios y ninguno sustituye al otro: el aviso legal identifica al prestador del servicio, mientras que las condiciones generales regulan cómo se presta ese servicio.
Comunicaciones comerciales y publicidad
La LSSI exige que las comunicaciones comerciales por vía electrónica sean claramente identificables como tales, indicando la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. Además, el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o medios equivalentes requiere el consentimiento previo y expreso del destinatario (opt-in), salvo que exista una relación contractual previa y se ofrezcan productos o servicios similares, en cuyo caso se admite el opt-out (posibilidad de oponerse). El incumplimiento de esta obligación —el conocido spam comercial— es una de las infracciones más sancionadas por la AEPD e Inspección de Consumo.
Contratación electrónica y comercio online
Cuando la web permite comprar productos o contratar servicios, entran en juego obligaciones adicionales derivadas tanto de la LSSI como del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
- Informar de forma clara sobre los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato antes de iniciar el procedimiento de contratación.
- Confirmar la recepción de la aceptación mediante acuse de recibo (por ejemplo, un correo electrónico de confirmación del pedido).
- Facilitar acceso a las condiciones generales de contratación de forma que puedan almacenarse y reproducirse.
- Informar sobre el derecho de desistimiento de 14 días naturales para consumidores, con el formulario correspondiente.
Política de cookies y protección de datos
Además del banner de cookies, muchas webs incorporan tecnologías de seguimiento de terceros (analítica, publicidad personalizada, píxeles de redes sociales) que requieren un análisis previo de qué datos se recogen, con qué finalidad y durante cuánto tiempo se conservan, información que debe trasladarse de forma comprensible en la política de privacidad, evitando textos genéricos copiados de otras webs que no reflejen la realidad del tratamiento efectuado por el sitio concreto.
Toda web que utilice cookies no estrictamente necesarias para su funcionamiento debe informar de forma clara sobre su uso y obtener el consentimiento del usuario antes de instalarlas, conforme al artículo 22.2 de la LSSI y las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esto se traduce habitualmente en un banner de cookies con opciones reales de aceptar, rechazar o configurar, sin utilizar patrones engañosos («dark patterns») que dificulten la negativa. Además, la web debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), incluyendo una política de privacidad, la base legal de cada tratamiento y, si corresponde, el registro de actividades de tratamiento.
Consecuencias del incumplimiento
La LSSI clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las infracciones graves, como el envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas, pueden sancionarse con multas de hasta 30.000 euros, mientras que las muy graves alcanzan los 600.000 euros. A ello hay que sumar las sanciones autónomas del RGPD, que pueden llegar hasta el 4% de la facturación anual global de la empresa. Por eso, antes de lanzar una web comercial conviene realizar una auditoría legal completa y, en operaciones con mayor exposición al riesgo, contratar informes de responsabilidad profesional que identifiquen las contingencias legales antes de que se materialicen en una sanción o reclamación.
Organismos competentes para inspeccionar y sancionar
El control del cumplimiento de la LSSI corresponde, según la materia afectada, a distintos organismos: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales supervisa las obligaciones de información general y comunicaciones comerciales; la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) vigila el cumplimiento del RGPD y la normativa de cookies; y los servicios autonómicos de Consumo revisan las condiciones de contratación electrónica con consumidores. Es habitual que una misma reclamación de un usuario derive en actuaciones paralelas de varios de estos organismos, lo que multiplica el riesgo sancionador si la web presenta varias irregularidades simultáneas.
Adaptación a la normativa de accesibilidad y otras obligaciones sectoriales
Además de la LSSI, ciertos sitios web deben cumplir el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web del sector público, y las páginas de determinados sectores regulados (financiero, seguros, energía) están sujetas a obligaciones de información adicionales impuestas por sus respectivos supervisores sectoriales. Las empresas que venden a distancia a consumidores de otros países de la Unión Europea deben tener en cuenta además el Reglamento de geobloqueo y las normas de protección de consumidores del país de destino cuando dirigen su actividad comercial a dicho mercado, lo que en la práctica exige revisar el sitio web en cada expansión internacional.
Checklist básico de cumplimiento LSSI
- Aviso legal completo y accesible desde todas las páginas.
- Política de privacidad conforme al RGPD.
- Banner de cookies con consentimiento granular.
- Condiciones generales de contratación, si se vende online.
- Formulario de derecho de desistimiento para consumidores.
- Registro del consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.
Conclusión
Cumplir la LSSI no es opcional ni un simple formalismo: es una obligación legal que protege tanto al usuario como a la propia empresa frente a sanciones y reclamaciones. Revisar periódicamente el aviso legal, la política de cookies y el proceso de contratación online debería formar parte de la rutina de cualquier negocio digital. En TorreonLegal auditamos webs y tiendas online para garantizar el cumplimiento normativo integral; contacte con nuestro equipo si necesita adaptar su sitio web a la legalidad vigente.